Alegre advirtió: “Estamos preparados para contar todas las mesas, así que no nos van a hacer fraude. Estamos preparando nuestro propio conteo rápido y vamos a tener los resultados, atentos los ministros, vamos a tener antes que ellos el verdadero resultado”.

En el marco de esta desesperación que abre el paraguas ante una posible derrota, la dupla del candidato liberal, Soledad Núñez tiene un séquito de leales que se movilizan a través de la ONG Alma Cívica para hacer una “supervisión, observación, control” de las elecciones generales del 30 de abril, mecanismo que puede significar un peligroso conflicto de intereses considerando que estas personas fueron puestas en esta ONG por la candidata a vicepresidente, además de que son amigos que integran otras organizaciones o son beneficiarios de proyectos financiados y sostenidos por organismos nacionales como internacionales.

Bruno Defelippe, Soledad Núñez y Olga Caballero, directora de ONG Alma Cívica. Foto: Gentileza

Voceros de partidos políticos ya manifestaron que no permitirán intromisión de organización parcialista. Recordemos que la primera Misión de Observación Electoral Nacional para las elecciones municipales del 2021, mediante un convenio entre Alma Cívica y el TSJE, en la que tuvo exclusividad esta ONG fueron puestos a disposición importante infraestructura de la institución estatal tanto sobre la organización electoral como de información del padrón electoral, etc.

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La negativa de Alegre de respetar las atribuciones como los resultados del TSJE no puede disociarse del operativo de la mencionada ONG que en el territorio electoral hace levantamiento de datos, encuestas “de percepción ciudadana”, injerencia y atribuciones vidriosas en el marco de la advertencia que lanzó el candidato de la Concertación.

La ONG fue creada a fines del 2020 por Soledad Núñez, que heredó el cargo de directora ejecutiva a su leal Olga Caballero Bernal. Varias oenegés comparte Caballero Bernal con la candidata y su esposo, Bruno Defelippe.

No es el primer cargo que hereda Núñez a su leal Caballero Bernal. Cuando iba a asumir como ministra de la Vivienda, le dejó su puesto de directora ejecutiva en la ONG Techo Py a su incondicional que hoy está a cargo de Alma Cívica. Sendas Py, es una ONG que promueve las bicisendas y aquí está Defelippe junto con Caballero Bernal. La directora de Alma Cívica también es profesional asociada a Conardi SA, conocida como OCA Consultora, contratista de anteproyecto de la bicisenda.

Bruno Defelippe, esposo de Soledad Núñez también es parte de Alma Cívica, socio y miembro del primer consejo directivo, según documentos de estructura de beneficiarios finales del Ministerio de Hacienda, de diciembre del 2022. El cónyuge es uno de los privilegiados contratistas del BID detrás de proyectos sociales, de tecnología, emprendedurismo, etc.

Entre los colaboradores de Alma Cívica está Catherine Lynn Kelly, tesorera de la ONG según los documentos del Ministerio de Hacienda. Ella fue reclutada por Soledad Núñez como directora financiera al asumir como ministra de la Vivienda.

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Diego Fernando Sosa Maciel, quien aparece en las escrituras de los Registros Públicos como cofundador de Alma Cívica, parte del primer consejo directivo de la ONG, fue voluntario de Techo Py junto con Soledad Núñez. Mientras que, con Bruno de Felippe están vinculados al proyecto Agendia, beneficiario de capital semilla apoyado por empresa privada y también Conacyt.

Bruno Defelippe, Soledad Núñez y Olga Caballero, directora de ONG Alma Cívica. Foto: Gentileza

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.